jueves, 12 de julio de 2012

La Junta de Síndicos de la UPR nuevamente en la palestra...


Comparto con ustedes esta nota del colega Armando Santiago en donde se discute la posibilidad de que no haya docentes y estudiantes en la Junta de Síndicos de la UPR.

El tema ha cedido al paso del tiempo y, por su importancia, considero que debe discutirse ampliamente. Sus comentarios serán más que bienvenidos, no obstante, cualquier pregunta podrá ser contestada cabalmente por el autor.

Att.
NEVS

¡Reformaron por la cocina!
by Armando J. Santiago Pintado on Tuesday, March 20, 2012 at 12:23am ·

I. Introducción

Desde febrero de 2011, la comunidad universitaria ha estado prestando particular atención a los trabajos del Comité Asesor del Gobernador Sobre el Futuro de la Educación Superior en Puerto Rico, comité nombrado para presentarle al Gobernador una propuesta de reforma universitaria. Los y las estudiantes ya llevamos más de un año monitoreando y cabildeando en el Capitolio, la Fortaleza y agencias gubernamentales para obtener cualquier información sobre el progreso de su trabajo.

Finalmente, en diciembre de 2011, el Comité Asesor hizo entrega de su informe al Gobernador. El resto del país, incluyendo a los estudiantes que trabajaban para obtener el informe lo antes posible, se enteró de esta entrega a mediados de enero de 2012. Fue entonces que la Fortaleza decidió hacerlo público.

II. La propuesta

Cuando leímos el informe del Comité, el shock fue grande, aunque algunas cosas ya las esperábamos por contactos que fueron soltando información poco a poco. Como el asunto del que les voy a escribir trata únicamente del asunto de las estructuras de gobierno de la UPR, y la participación de la comunidad universitaria en ellas, me limitaré a describir esta parte de la propuesta del Comité Asesor.

En resumidas cuentas, la propuesta de cambio a las estructuras contemplan eliminar la participación de los docentes y el estudiantado en la Junta de Síndicos, además de la eliminación de la Junta Universitaria, sustitución de ésta por una Junta Asesora sin poderes vinculantes, e igual impotencia para los Senados Académicos, con una reducción significativa de participación estudiantil en cada una de estas estructuras.

III. Nuestro análisis

Cuando vimos todos los cambios propuestos, tanto en ley como en reglamentos, por este Comité Asesor, empezamos a analizar cuáles representarían riesgos más inminentes y qué estrategias adoptarían o se requerían para cada uno de los cambios. Indiscutiblemente, no podríamos hacer nada a nivel burocrático para detener las enmiendas a reglamentos, ya que estos reglamentos los controla la Junta de Síndicos. Sabíamos que era cuestión de tiempo en lo que ideaban, trabajaban y aprobaban las enmiendas reglamentarias. Nuestra atención tornó, entonces, hacia los cambios que entendíamos requerían enmiendas de ley: principalmente, las estructuras de gobierno de la UPR.

La Ley Núm. 1 de 1966, Ley de la Universidad de Puerto Rico, dispone cuáles van a ser los cuerpos de gobierno universitario y su composición mínima. Una enmienda presentada en 1993, bajo la administración novoprogresista del entonces gobernador Pedro Rosselló, creó una nueva estructura de gobierno (la Junta de Síndicos) y le asignó representación a docentes y estudiantes, por primera vez, en la junta de gobierno de la UPR.

Nuestra conclusión en ese momento: "Si nos quieren sacar de la Junta de Síndicos, tienen que enmendar la Ley de la UPR. Eso no va a suceder en año eleccionario para un gobierno que busca reelección."

IV. La puerta que no vimos: Ley Núm. 1 de 2012 vs. Ley Núm. 1 de 1966

Como mencioné, llevamos ya más de un año monitoreando a la Legislatura buscando cualquier legislación que enmendara la Ley de la UPR a cualquier efecto. Nunca salió una medida que tuviera que ver con cambios a la UPR, excepto la propuesta de reforma universitaria que relanzara el Sen. Antonio Fas Alzamora, originalmente presentada en el 2001-2004.

En el mes de marzo, el Senado Académico tuvo ante su consideración el borrador del informe de seguimiento que se le enviaría a la Middle States Commission on Higher Education. El borrador de 63 páginas lo leí, pero con mayor detenimiento en los asuntos de gobernanza y finanzas del Recinto que en la información que ofrecía sobre cambios al nivel del sistema de la UPR. Sin embargo, la Profa. Ana Matanzo hoy me llama la atención, entre los cambios a nivel sistema, a la mención aislada de una ley en un párrafo de una de las últimas páginas del informe de seguimiento. Aquí copio el texto del informe, con subrayado mío:

"On January 3, 2012, a new Government Ethics Law was approved (Law No.1, January 3, 2012), which incorporates numerous and detailed amendments to the former statute, and apply to the conduct of all members of the Board of Trustees. Given the nature and application of the new provisions, the Board’s legal staff analyzed the new statue and is in the process of issuing a legal memorandum to the Committee advising on the changes made by the new law andrecommending the several amendments that must be made to the provisions in the Internal Regulations in light of its dispositions. The President of the Board, who also chairs the Committee, projects to finalize updating the Internal Regulations, including the new conflict of interest policy, before the end of the current fiscal year." [1]

De todo eso, la frase clave es "conflict of interest policy". ¿Dónde había visto eso antes? Aquí les copio el texto de la página 22 del informe del Comité Asesor del Gobernador:

"La enmienda del 1993 a la Ley del 1966 alteró la composición de la Junta de Síndicos para incluir a dos claustrales y a un estudiante. Esta enmienda tenía la posibilidad de crear conflicto de interés, puesto que estas personas como miembros activos de la comunidad universitaria podrían participar en el establecimiento de política pública y aprobación de presupuestos que potencialmente los podría beneficiar en su carácter personal.... Por esta razón, el Comité recomienda que la nueva Ley elimine la participación en la Junta de Síndicos de toda persona que esté activamente afiliada a la institución..." [2] 

Inmediatamente busqué el texto de la Ley Núm. 1 de 3 de enero de 2012, Ley de Ética Gubernamental, y encuentro...

"Artículo 2.3 - Facultades y poderes de la Oficina y de la Dirección Ejecutiva

La Oficina y la Dirección Ejecutiva tienen las siguientes facultades y poderes:

...

C) Interpretar, aplicar y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley y de los reglamentos creados a su amparo, que establecen determinadas prohibiciones respecto a la conducta de los servidores públicos o que rigen las cuestiones de ética, de conflicto de intereses y de la presentación de los informes financieros.

...

Ñ) Establecer y administrar los procedimientos que identifiquen las violaciones a la ética gubernamental, para prevenir los conflictos de intereses y para tomar u ordenar las medidas disciplinarias, administrativas o civiles autorizadas por esta Ley, después de las correspondientes investigaciones y audiencias, en las que las partes afectadas tengan la oportunidad adecuada de ser oídas y de defenderse."

"Artículo 5.1 – Aplicabilidad

A) Las disposiciones de esta Ley que requieren someter informes financieros son aplicables a los siguientes servidores públicos:

...

8. Los presidentes, vicepresidentes, directores, subdirectores ejecutivos y los miembros de las juntas de directores de las corporaciones públicas y de otras entidades públicas.  Se excluye de esta obligación a los representantes del interés público, del sector privado o del sector no gubernamental que sirven en esas juntas, salvo que otra ley disponga lo contrario."

¿Cómo definen lo que constituye un "conflicto de interés"?

"Artículo 1.2 - Definiciones

Para propósitos de esta Ley, las palabras o frases que a continuación se enumeran tienen el significado que aquí se indica, a menos que del contexto surja claramente otro:

...

(n) conflicto de intereses - aquella situación en la que el interés personal o económico está o puede razonablemente estar en pugna con el interés público."

Amplio, ¿no? Eso pensé yo, hasta que recordé esta parte de la propuesta del Comité Asesor del Gobernador:

"Fue precisamente la posibilidad de conflicto de interés que llevó a requerir que los miembros de la Junta de Síndicos que representen el interés público no tengan afiliación activa con la institución.... La responsabilidad medular de la Junta de Síndicos será representar al interés público.... El Comité le recomienda al Gobernador que al nombrar los nuevos síndicos que representen el interés público los seleccione en base al peritaje que éstos tengan para contribuir a una gobernanza efectiva y eficiente de la Institución." [3] 

Ya que tenemos a la nueva Ley de Ética Gubernamental prohibiendo los conflictos de interés a diestra y siniestra, debemos entonces saber cómo se define al representante del interés público, pues tendrá unas exenciones privilegiadas en su cumplimiento con la Ley de Ética Gubernamental y en la nueva Ley de la UPR que propone el Comité Asesor. El único problema es que la nueva Ley de Ética Gubernamental nunca define lo que es un "representante del interés público" ni siquiera lo que es "interés público". 

V. Conclusión

¿Qué significa todo esto? Que el Gobierno ya aprobó la Ley que reformaría una parte importantísima de la Universidad de Puerto Rico, la Junta de Síndicos, y sin tocar la Ley de la Universidad de Puerto Rico directamente. Lo hizo a través del Proyecto del Senado 2046, el 24 de marzo de 2011, enmendado hasta el 21 de diciembre de 2011, y firmado en ley el 3 de enero de 2012. Éste era un Proyecto de Administración, es decir, un proyecto enviado al Capitolio desde la Fortaleza.

¿Qué consecuencias tendrá? En el mejor de los casos, los representantes estudiantiles y docentes no podrán participar de la toma de decisiones que afecten a estudiantes y docentes, respectivamente, en la junta de gobierno de la Universidad de Puerto Rico. En el peor de los casos, esto representará la expulsión de estudiantes y docentes de la Junta de Síndicos de la UPR.

¿Cuándo entrará en efecto? Según el informe de seguimiento que enviará la Rectora Ana Rosa Guadalupe Quiñones a la Middle States Commission on Higher Education, el Presidente de la Junta de Síndicos, Lcdo. Luis Berríos Amadeo, tendrá las enmiendas al Reglamento Interno de la Junta de Síndicos preparadas para aprobarse antes del 30 de junio de 2012, fin del actual año fiscal.

_____________________
[1] Monitoring Report April 1, 2012. UPRRP Office of the Chancellor, Ana R. Guadalupe. Pág. 59.
[2] Cambio de Rumbo para dar Pertinencia a la Educación Superior en el Siglo 21. Comité Asesor del Gobernador Sobre el Futuro de la Educación Superior en Puerto Rico. Pág. 22.
[3] Ibid.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada