Walmart*

En un mundo donde las compañías multinacionales se riegan como hiedras hasta los lugares más recónditos del planeta. Donde la mayoría de nosotros gozamos los placeres de las “comodidades” a expensas de la esclavitud, o incluso la muerte, de seres humanos a miles de kilómetros de distancia. Donde lo que nos cuenta 20 dólares aquí, sale en 20 centavos de sueldo allá. En ese mundo de espejismos capitalistas y uno que otro idiota con corbata, se encuentra una cosa casi endiosada que se llama Walmart.


Casi tres cuartas partes de nuestra población lo visita una vez cada fin de semana. Sedientos de especiales, locos por ver si las tostadoras con wi-fi bajaron de precio. No obstante, la gente entra y sale, busca y destroza sin darse cuenta que este imperio del capital es uno de los empleadores más abusivos de nuestra actualidad.

Tan reciente como esta semana, la Corte Suprema de los Estados Unidos pareció inclinar su balanza a favor de una de las mega-operaciones de venta más exitosa en la historia de los EE.UU. En esencia, un grupo de mujeres de San Francisco reclamó por la violación de derechos civiles ante un alegado patrón de discrimen por género en las tiendas Walmart. Su argumento rayó en destacar que la multinacional peca de pagar menos a las féminas en comparación con sus contrapartes masculinas en las mismas posiciones de empleo y el verse estancadas en procesos de ascenso donde, al final, los varones obtienen más posiciones gerenciales que las mujeres.

Lo que comenzó con un grupúsculo de trabajadoras que reclamaban igualdad fue desarrollándose hasta convertirse en unos de los pleitos de clase más grandes de la historia jurídica de los EE.UU. La corte de distrito reconoció al grupo de nueve cifras comprendiendo las 41 regiones comerciales de Walmart y sus 3,400 tiendas. El sonado ejército de féminas en busca de mejores condiciones de empleo tomó forma por unos breves instantes. Tanto fue así que al verse contrariados por la Corte de Distrito, los ejecutivos de Walmart ordenaron a los abogados a apelar el reconocimiento de la clase demandante. Para su sorpresa, el Noveno Circuito confirmó el pleito como uno de clase y dejó a Walmart con el terror de casi 1.5 millones de mujeres reclamando a sus puertas. Sam Walton pudo haber dado par de vueltas en la tumba.

Sin embargo, en la Corte Suprema, el “docket” 10-227 del 25 de agosto del año pasado pareció marcar un día negro para el momentum de la petición hecha por las mujeres trabajadoras. Para colmar, fue el 29 del pasado mes que, durante las argumentaciones orales ante la curia, se vio la inclinación de varios jueces a favor de Walmart.

Para la megatienda, la estrategia había sido sencilla: destruir la certificación del pleito como uno de clase para así desarticular el movimiento femenino que se abalanzaba contra la elite capitalista. Al parecer, luego de observar los análisis del SCOTUS Blog, sólo resta que la Corte ponga en blanco y negro la negativa a la reclamación de las mujeres trabajadoras estadounidenses.

Pero ¿Por qué? ¿Cómo es posible que luego de un extenuante análisis pericial que demuestra que Walmart trata de forma desigual a las mujeres se desestime esta iniciativa? ¿Es la Corte Suprema o es Walmart? ¿Es la mujer trabajadora vis a vis la megatienda?

Según los documentos expuestos en el litigio y en la argumentación oral, los gerenciales de las 3,400 tiendas de Walmart son entrenados en el Sam Walton Institute para aprender las destrezas que se necesitan para administrar, con los “debidos conocimientos”, una telaraña capitalista bien tejida. Walmart fue claro en que su política era la diversificación en el trabajo y la no discriminación por género. No obstante, cuando se le cuestionaba a los futuros gerenciales el porqué se daba una diferencia tan marcada entre los ascensos masculinos en comparación con los femeninos, muchos de estos opinaron que se debía a que los hombres son más agresivos a la hora de subir de rango. Esta fue una de las municiones que el abogado de las féminas, Joseph M. Sellers, utilizó para demostrar que pese a la política de la compañía, los gerenciales venían cargados con un desprecio hacia la “falta de agresividad” en sus empleadas. Sellers, señaló que la excesiva discreción que se le permitía a los gerenciales en sus respectivas tiendas propendía a que se materializara esta errónea percepción sobre la diferencia entre los ascensos. (Cabe destacar que Dukes- la mujer de 50 años edad y que dio génesis al pleito- al demandar por no habérsele concedió un ascenso en 6 años de trabajo, fue ninguneada por su patrono al este reprocharle que, por su conducta agresiva hacia otra supervisora, no merecía el subir de rango. Todo esto pese a sus excelentes evaluaciones en el área de trabajo)

Durante la argumentación oral, el abogado detalló que las demandantes habían presentado evidencia empírica que demostraba el patrón de discriminación por género en las diversas zonas de Walmart. Según el record, en la apelación se trajo como cuestión a resolver el hecho de que las reclamantes utilizaran a un sociólogo como perito.

Según el Dr. William Bielby, “social science research demonstrates that gender stereotypes are especially likely to influence personnel decisions when they are based on subjective factors, because substantial decision makers discretion tends to allow people to ‘seek out and retain stereotyping-confirming information and ignore or minimize information that defies stereotypes.’”

A partir de esto, Bielby concluyó que las acciones de Walmart propendían al discrimen de género. Sin embargo, durante la argumentación y ante las preguntas de los Jueces Kennedy y Scalia, el problema es que a pesar de la numerosa prueba estadística que refleja esta comportamiento, Walmart tiene una clara política de no discriminación establecida. O sea, que el asunto no es de Walmart sino de los gerentes, los cuales al gozar de una discreción amplia para manejar sus tiendas actúan de forma contraria al derecho a la igualdad laboral. Incluso, la prueba pericial destacó los hallazgos de las estadísticas en cuanto a la comparación del discrimen por género en Walmart y otras cadenas multinacionales: simplemente el legado de Sam Walton es el rey del discrimen en los Estados Unidos.

Vale recalcar que el problema amerita un acercamiento desde la crítica cultural y que a esto se suma la manera en que Walmart está diseñado. O sea, que al tener suficiente discreción, los gerentes operan de conformidad con los prejuicios que normalmente se encuentran en los estados. Por lo tanto, dentro del aparente de que todos los Walmarts son iguales, la realidad es que cada unidad sirve de magnificador de los prejuicios y los problemas de la microesfera económica de los estados. Este punto fue expuesto por Sellers, quien al verse acechado por varios jueces, optó por usar el sentido común para destacar que el problema de Walmart es el no actuar contra el discrimen. El letrado fue más allá y, titubeando, expuso que la política escrita de no discriminación es totalmente inefectiva ante el exceso de discreción en las sucursales.

Está situación le dio la delantera al abogado de Walmart quien prácticamente vio su caso probado luego de apuntar que si no hay homogenización en la reclamación y que si existe una política corporativa clara, lo único que resta es desertificar la clase y dejar el espacio para que aquellas mujeres que hayan sufrido discrimen lleven sus casos individualmente.

Maquiavélicamente, la mayoría de las mujeres que han sufrido el discrimen no cuentan con la solvencia para llevar pleitos individuales contra una megacorporacion del tamaño de Walmart (la cual tiene un enorme in-house counsel). Si la clase se hubiese mantenido intacta estas féminas hubiesen gozado, por lo menos, de una reclamación que las cobijara sin tener que pasar por los gastos del litigio.

Lamentablemente, la ramificación de Walmart hace que sus tiendas obedezcan a sus oficinas centrales en lo económico a la vez que deja todo lo demás al juicio de sus gerentes: todo esto abre las puertas no sólo al discrimen sino a un sinnúmero de prácticas que desalientan al ser humano que busca un trabajo digno. En puridad, Walmart ha desarrollado un enramado que propende a que las violaciones de derechos sean responsabilidad de sus gerentes mientras su caudal grueso es intacto.

Cabría entonces cuestionar: El hecho en cuestión: ¿Es estratégico o es el efecto de una multinacional que sabe que nunca podrá regular eficientemente sus sucursales? ¿Es cada Walmart un reflejo de lo que ocurre en los estados? ¿Por qué ante las estadísticas claras de una desigualdad Walmart no ha actuado? ¿Tiene el deber de actuar o sólo de propulsar el American Dream en sus 3,400 tiendas?

Al parecer, cada una de estas mujeres tiene dos opciones callar y seguir laborando o conseguir los recursos para contratar la representación legal necesaria para hacer valer sus derechos individualmente. Soy de la opinión que a pesar de la palmaria desigualdad de acceso a la justicia este comportamiento de la corte no debe desalentar a que aquellas empleadas que se vean afectadas a que coordinen la presentación de pleitos de clase a nivel estatal. Vale entonces argumentar si una abogacía progresista permitiría afrontar esta situación o si se debe utilizar otra estrategia.

Sin más ni menos, pasé por un Walmart acá en mi querida área oeste, donde hay menos trabajos, menos población, donde a veces nos relajan por “ser de la Isla” y preguntar si aquí llega el internet y el “dish”, pero (no para mi sorpresa) estaba lleno, repleto, vomitando capitalismo junto con donitas azucaradas.

*Pubicado originalmente en laacera.com

Back in Black: La polémica entre Clarence Thomas y Anita Hill

Increíblemente, 19 años después de las controversiales vistas de confirmación del juez Thomas, todavía subsiste la polémica sobre su alegado patrón de hostigamiento.

Esta vez la esposa del Juez Asociado es la protagonista, junto a la ya afamada Anita Hill. Una llamada telefónica fue el detonante. La pregunta: ¿Por qué tiene que escarbar tanto la señora Thomas? ¿Dudas? ¿Envidia?

O, por otro lado, ¿cuán cierto son las versiones de Hill? ¿Habrá algo que no ha contado?

Tomado de http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=13070937

Clarence Thomas' Wife In Spotlight After Phone Call

by Nina Totenberg

October 20, 2010
A phone call from the wife of Supreme Court Justice Clarence Thomas has rekindled a steamy controversy that riveted the nation nearly two decades ago.
In 1991, the Senate Judiciary Committee reopened confirmation hearings for Thomas, after NPR disclosed that University of Oklahoma law professor Anita Hill — a onetime aide to Thomas -– had accused her former boss of sexual harassment. At the hearing, Hill graphically detailed the events that she said eventually put her in the hospital with stress-related abdominal pain.
An enraged Thomas called the accusations a lie and called the proceedings "a circus," a "national disgrace" and "a high-tech lynching for uppity blacks who in any way deign to think for themselves."
Thomas was narrowly confirmed, and the matter has lain dormant, and unresolved, for 19 years — until 11 days ago, when Virginia Thomas called Hill, now a professor at Brandeis University, at 7:30 a.m. and left a voice mail message. It said:

Good morning, Anita Hill; it's Ginni Thomas. I just wanted to reach across the airwaves and the years and ask you to consider something. I would love you to consider an apology sometime and some full explanation of why you did what you did with my husband. So give it some thought and certainly pray about this and come to understand why you did what you did. OK have a good day.

Hill apparently didn't get the message for several days because of the holiday weekend. When she did, she was unsure whether it really was Virginia Thomas calling or a crank. So she conferred with her longtime friend and onetime lawyer, Harvard Law professor Charles Ogletree, and decided to turn the matter over to the Brandeis campus police, who in turn referred it to the FBI. According to sources close to Hill, the bureau then contacted Virginia Thomas, who confirmed that she had made the call.
On Tuesday, Virginia Thomas issued a public statement, saying the call was an "olive branch" to Hill and that she had not intended any offense. But the Brandeis professor did take offense, declaring that Virginia Thomas "can't ask for an apology without suggesting that I did something wrong, and that is offensive." Hill said she has no intention of apologizing since she testified truthfully.
Theories abound as to why Virginia Thomas would have made such a bizarre call. Oct. 9 was close to the anniversary of the hearing. Was she just stewing? Was this an attempt to get more attention for the anti-Obama political group she founded this year? Or was it a reaction to a New York Times front page article that appeared that morning discussing her elevated political role, her links to the Tea Party movement and the problems that might or might not pose for her husband?

Long active in conservative politics, Virginia Thomas has assumed a far more visible role in the past year, founding a group called Liberty Central, which advertises itself as linked to the Tea Party. She has spoken publicly about opposing what she calls the "tyranny" of the Obama administration and congressional Democrats. As president and CEO of Liberty Central, she has raised money from secret donors — more than $500,000 to begin with, and presumably much more since then; all of which has raised questions about a potential conflict of interest for her husband, Justice Thomas.
While some critics have said they are troubled by Virginia Thomas' political activities, the conflict-of-interest statute is aimed primarily at financial conflicts. Therefore, legal ethics experts say that a spouse's political opinions don't matter. That is particularly true in the modern age when spouses have their own careers and are free to express themselves politically. As Northwestern Law School legal ethics expert Steven Lubet observes, the conflict-of-interest law governs a justice's conduct, not his spouse's. New York University ethics expert Stephen Gillers agrees, noting that Supreme Court justices have an obligation to avoid recusal if they can. Unlike lower court judges, who can recuse themselves and be replaced by another judge, that is not true on the Supreme Court.
On the other hand, the conflict-of-interest law also counsels judges to avoid the appearance of conflict. Failure to do so could potentially cause the public to lose confidence in a justice or even in the impartiality of the court itself. Would the public, for example, come to regard the court with the same cynicism it regards other institutions if a justice's spouse is front and center, campaigning against the health care bill, and then that bill comes before the court, without the justice's stepping aside?
The ethics experts all say that the law does not impute a spouse's views to the justice she is married to. They say the only solution to the problem is restraint on the part of the spouse.
That assumes there is no financial conflict. In the case of Virginia Thomas, there is one fly in the ointment, according to professor Gillers.
Liberty Central, the organization founded by Virginia Thomas, has accepted a great deal of money from secret donors, all of which is legal under the Supreme Court's 2010 decision striking down many of the previous limits on campaign spending. But Gillers notes Virginia Thomas is CEO and president of the group and that an opportunistic donor, by giving money to an organization that pays Virginia Thomas' salary, is in fact giving a financial benefit to Justice Thomas, too. And that could constitute a financial conflict.
That raises one critical question: How will we know if such a conflict exists, when the donors' identities are secret?