El problema de acceso a la justicia no debe ser tratado meramente como una cuestión sistémica y estructural, ajena al contexto socio-político de Puerto Rico. Algunos lo ven como un caveat del andamiaje democrático otros como un elemento puramente económico. No obstante, aunque saca algo de ambas variables, la realidad es que el problema de acceso a la justicia denota su raíz en lo educativo.
“[L]a necesidad de educación y de que haya una alfabetización masiva para que los ciudadanos conozcan sus derechos, humanos y civiles…hay un desconocimiento increíble de lo que es lo básico y de cómo uno accede a los tribunales para defender sus derechos.” Puntualizó hace unas semanas la jueza Sonia Ivette Vélez Colón, quien dirige la Oficina de administración de los Tribunales.
No pudo ser más acertada, pero, para darle color a sus expresiones debemos subrayar que la tesis principal de su argumento es que Puerto Rico necesita elaborar un serio currículo de enseñanza sobre la naturaleza política de nuestro entorno así como una educación para la paz y en los derechos humanos.
El problema de inaccesibilidad perjudica a la judicatura en general ya que no se cumple con la misión de hacer justicia rápida y eficaz a los agraviados. Además, propende a que las personas vivan en un estado de sumisión (Véase el pasado escrito sobre Gómez Pin y la condición de genuflexión en la sociedad) a la merced de aquellos que tienen un control virtual de los mecanismos de acceso a los foros adjudicativos.
Por otro lado, no es un problema único a la tercera rama de poder constitucional: Existe un gran desconocimiento de los mecanismos administrativos y de las gestiones que se supone lleven a cabo las agencias e instrumentalidades públicas. Estos foros adjudican más controversias que los propios tribunales y su impacto a la vida diaria de los ciudadanos es innegable.
¿Cómo se vinculan los foros? ¿Qué problemas presenta el no educar sobre los servicios administrativos? Sencillo, no orientar sobre este trasfondo implica que el propio sistema judicial no otorgará remedio ya que, como es lo normal, un tribunal carecerá de jurisdicción si no se agotaron los remedios en las agencias.
Por su parte, el problema de alfabetización es un elemento crucial de esta situación, toda vez que el dominio del lenguaje determina el acceso al espacio de poder. En esencia, el lenguaje es el órgano vital con el que el ser humano manifiesta su existencia política en el foro- sin excluir todo tipo de comunicación por medio de signos, símbolos o apoyada en los diferentes mecanismos de asistencia tecnológica-. Empero, la “palabra”, como tal, es la que se usa para impartir justicia, para determinar la política pública aplicable y cambiar el devenir del constituyente.
Se ha hablado constantemente sobre las “alternativas”. No obstante, aún queda mucho por hacer en cuanto a los mecanismos alternos de solución de disputas. Mayormente se discute sobre la mediación y arbitraje, descartando así otros procesos.
Sin descartar la viabilidad y rapidez de estos mecanismos, el problema que hay que atajar es el del coste. Estos métodos todavía no presentan un alivio en cuanto a las cargas económicas de un litigio para los indigentes.
Quedan en el tintero las interrogantes: ¿Qué hacemos con el indigente? ¿Qué gana con toda esta discusión? ¿Dónde hay soluciones para aquellas personas que en determinado momento de su vida necesitan un remedio eficiente y barato?
Como una vez señaló el profesor Efrén Rivera Ramos: “la pobreza sigue siendo el primer obstáculo para impartir justicia.” Primer Congreso: Acceso a la Justicia. XX!! Conferencia Judicial. Rosario Romero, Ed. San Juan, P.R. 2005
En primer lugar debemos considerar que el calificativo de indigente no es el determinante. La persona empobrecida por “x” y “z” causas es forzada a dejar su condición humana a un lado. Se le tacha de carga o problema. En puridad, la deshumanización económica sobrelleva una pérdida de valor social y enmarca al sujeto en la “nada” del colectivo o grupo. Esta malograda interpretación repercute sicológica y emocionalmente en la persona que busca una solución legal a sus problemas (sean o no económicos).
A pesar de lo antedicho, la pobreza no es el único fenómeno. Los grupos focales que necesitan ayuda para acceder a los foros pueden estar en situaciones de vulnerabilidad y no necesariamente en situaciones económicas dificultosas. Algunos de los grupos de mayor necesidad son:
1. Niños y niñas (Incluyendo a la población con necesidades especiales)
2. Mujeres
3. Personas de Edad Avanzada
4. Personas con impedimentos
5. Personas con problemas de salud mental
6. Adictos
7. Confinados y Confinadas
8. Inmigrantes
9. Comunidades Especiales
Véase. Primer Congreso: Acceso a la Justicia. XX!! Conferencia Judicial. Rosario Romero, Ed. San Juan, P.R. 2005
Más allá de la verborrea, vale exigir dos cosas: Soluciones y proyecciones.
Ante esta situación dos iniciativas lucen formidables para dar un paso de avance. La primera la pude apreciar directamente mientras trabajaba como periodista. El crédito va enteramente al compañero de la Clínica de Asistencia Legal en Derecho Federal, Francisco Díaz y su proyecto “Tu Democracia”.
La iniciativa de Díaz se puede apreciar en http://www.tudemocracia.org/. El concepto va dirigido a las generaciones futuras de Puerto Rico. En esencia:
Tu Democracia es una herramienta para la educación de valores democráticos y ciudadanos en Puerto Rico. Tu Democracia logra su encomienda a través de un Certamen Nacional donde los jóvenes aprenden acerca de nuestro sistema de gobierno y a la misma vez nos enseñan lo que significa el concepto ciudadanía, lo que envuelve vivir en una democracia y como crear TU DEMOCRACIA.
El proyecto tiene una praxis contagiosa donde son los jóvenes quienes nos hablan de su percepción sobre el concepto “democracia” a la vez que formulan una opinión sobre los derechos básicos para llevarla a cabo. Según el propio Díaz, el beneficio de este ejercicio redunda en que los menores podrán experimentar con un tema que ha sido vedado para los adultos. En esencia, se involucrarán en el proceso democrático con un bagaje que muchas veces no se les inculca, o sea, una educación sobre la democracia.
El segundo elemento que debe destacarse es la gesta de la Cátedra UNESCO, en específico su misión de desarrollar los elementos constructivos para crear una cultura de paz y una mejor educación en el valor de los derechos humanos.
La importancia de esta iniciativa redunda en que “…la educación en derechos humanos, en su propósito último, es educación política, ya que intenta formar personas comprometidas con la transformación de la sociedad, en una más justa e igualitaria, en donde los derechos humanos sean parte integral de la cultura ciudadana.” Abraham Magendzo K. “Ideas-fuerza y pensamiento de la educación en derechos humanos en Iberoamérica.” Pensamiento e ideas-fuerza de la educación en derechos humanos en Iberoamérica. Abraham Magendzo K. Ed. 2009.
Por mi parte, la educación en derechos humanos debe ir mezclada con la educación política, en especial con los aspectos prácticos de la democracia.
Inherentemente, existe una imbricación de los elementos sociales y programáticos de un país con los elementos que se intentan desarrollar a un nivel general a partir del carácter internacional y universal de los derechos humanos.
A razón de esto mi propuesta sienta sus bases en la necesidad de educar en las escuelas sobre aspectos como el Derecho Constitucional, el acceso a la justicia, y la estructura y el organigrama del andamiaje político de Puerto Rico.
En esencia, se trata de empoderar las mentes más fértiles del país en miras a su futura participación en la democracia. El acercamiento a estos aspectos a un nivel temprano ayudará a evitar lo que en muchas ocasiones afectó nuestra generación: Un desligamiento de la discusión sobre los problemas políticos, el dominio del tribalismo y la llamada “herencia” partidista y el desconocimiento de las necesidades políticas-no partidistas- de Puerto Rico.
La génesis de este acercamiento surge de la crasa formulación de currículos educativos donde se integra a la persona al país en que vive. En el caso de nuestra Isla, se enseña dónde está en el mapa, los colores de su bandera y el corderito del escudo, pero no se educa para ser parte de sociedad puertorriqueña.
Muchos de nosotros no sabíamos la lista de la Carta de Derechos ni cómo cada cuatro años el país se paraliza para hacer un ejercicio político. No es educar sobre el partidismo (como estas entidades nos han robado la democracia) sino educar sobre la importancia de ser ciudadano.
Las expresiones de la jueza Sonia Ivette Vélez Colón son un importante paso de avanzada. Apuntar hacia una educación más completa es la mejor manera de invertir recursos y esfuerzos para así mejorar, desde las bases, el futuro de todos.
*Publicado originalmente en La Acera. laacera.com.
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