martes, 29 de marzo de 2011

Sección de Crítica de Libros: Sobrevivencia, pobreza y “mantengo”. La política asistencialista estadounidense en Puerto Rico: el PAN y el TANF de Linda Colón Reyes


Sobrevivencia, pobreza y “mantengo”. La política asistencialista estadounidense en Puerto Rico: el PAN y el TANF
Linda Colón Reyes
Ediciones Callejón
341 págs.
            
            Sobrevivencia, pobreza y “mantengo” La política asistencialista estadounidense en Puerto Rico: el PAN y el TANF presenta un marco analítico sobre el problema de la pobreza y la desigualdad social en Puerto Rico. Este libro es producto del esfuerzo de Linda Colón Reyes quien fungió como la primera Coordinadora de la Oficina de Comunidades Especiales de Puerto Rico en el 2001.
            El texto está dividido en tres partes: La primera presenta el marco histórico de las ayudas alimentarias y la transformación de los programas diseñados para su implementación según la evolución de las necesidades poblacionales. La segunda comprende un estudio sociológico de los perfiles de los beneficiarios de estos programas y la tercera expone en su mayoría una explicación detallada del Programa Temporal para Familias Necesitadas.
            Colón Reyes destaca las particularidades de la política asistencialista desde las primeras iniciativas de los programas de cupones y sus reformas. Este estudio arropa con lujo de detalles la génesis de la legislación de ayudas alimentarias durante la debacle económica de la década del 30 siguiendo su trayecto hasta su incursión en la jurisdicción puertorriqueña.
            La autora ofrece una desmitificación del concepto de la pobreza y esboza las formas en que comúnmente la incomprensión de este fenómeno lleva al ciudadano a catalogar a sus pares de vagos y mantenidos. Colón Reyes destaca la pésima iniciativa gubernamental para ofrecer opciones económicas y alimenticias con el fin de que los beneficiarios de estos programas salgan a flote en la jungla capitalista que predomina actualmente. Sin embargo, para sostener estas aseveraciones, la autora desglosa con fuentes estadísticas cuál es la situación económica de los beneficiarios en cada uno de los pueblos de Puerto Rico.
            Sorprende la cantidad de madres solteras, miembros de la tercera edad y niños hasta las edades de 19 años que dependen enteramente de las ayudas federales. Esta publicación desenmascara un sinnúmero de tabues y desnuda las percepciones sociales sobre las oportunidades de desarrollo que el gobierno brinda a la alta población que se encuentra bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico. En esencia, Linda Colón Reyes presenta un cuadro realista que a la vez funge como un llamado de alerta. No se puede negar que Sobrevivencia, pobreza y “mantengo” La política asistencialista estadounidense en Puerto Rico: el PAN y el TANF, es un libro de vanguardia social que seguramente se convertirá en una lectura obligatoria en los cursos de Ciencias Sociales y Trabajo Social.
 Sobrevivencia, pobreza y “mantengo” La política asistencialista estadounidense en Puerto Rico: el PAN y el TANF es un texto abarcador, detallado y muy bien organizado. Su contenido grita con la voz en cuello un llamado a la acción social y al desarrollo de una mejor política pública. Se lo recomiendo a los sociólogos, trabajadores sociales, líderes comunitarios y hasta los miembros de la rama ejecutiva que se dedican al servicio del pueblo. Sin embargo, la recomendación va con lujo de detalles y con especial énfasis en legisladores: Simplemente este libro los hará temblar.
Amigos los espero en la próxima página de Critica de Libros les saluda Nelson E. Vera Santiago

viernes, 25 de marzo de 2011

Calendario de Actividades para La Palabra en Plaza

Como parte del compromiso en promover la literatura puertorriqueña aquí y en todos los rincones del globo los invito a compartir con diversos autores contemporáneos en La Palabra en Plaza. Este evento marca un inicio rico en matices para todos los gustos pero, sobre todo, con mucha, mucha literatura.

ENTREVISTA A AUTORES POR NELSON ESTEBAN VERA SANTIAGO (Autores: Luis Negrón y Yolanda Arroyo Pizarro)
Responsable: Nelson E. Vera Santiago
Día: Lunes 25 de abril de 2011 de 5:00 pm a 6:30 pm. (1.5 horas)





LECTURA PRESENTACION YARA Y OTRAS HISTORIAS DE PATRICIA SCHAEFER RODER
Responsable: Nelson E. Vera Santiago
Día: Jueves 28 de abril de 2011 de 10:00 am a 11:00 am. (1 hora)



ENTREVISTA A AUTORES POR NELSON ESTEBAN VERA SANTIAGO (Autores: Alexandra Pagán y Francisco García Moreno)
Responsable: Nelson E. Vera Santiago
Día: Domingo 1ero de mayo de 2011 de 10:00 am a 11:00 am. (1 hora)

jueves, 24 de marzo de 2011

Reconsideración

Hace unos días el Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton, destacaba la labor de las Ramas de gobierno en cuanto a la creación de salas especializadas para trabajar casos de violencia doméstica. Su discurso era abarcador, generoso para con la ciudadanía que día a día se desvive ante los titulares desgarradores que poco a poco salpican con sangre.

Señaló el jurista que el “trabajo en la Rama Judicial es dirimir las controversias que presentan una amalgama de litigantes en nuestros tribunales, pero esa labor siempre debe ir acompañada de un enfoque humanista y de sensibilidad que guíe nuestro proceso deliberativo y adjudicativo.”

Parecía ser una contestación contundente ante los recientes casos morbosos en donde la violencia doméstica alcanzaba incluso a las víctimas más tiernas, los niños (incluso los que estaban por nacer). La noticia de las salas especializadas daba un tono de esperanza ante litigios complejos y ante situaciones donde lo macabro alcanzaba nuevos niveles en esta crisis social.

No obstante, hoy emergió con un peso desastroso la sentencia de Pueblo v. Flores Flores, CC-2007-148. En esta pieza el Tribunal Supremo se dividió tres a tres en torno a la aplicabilidad de la Ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica, Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 8 LPRA sec. 601-664, a una situación en donde la víctima sostenía una relación extramarital.

Vale recalcar que a pesar de que la Sentencia afloró en la esfera pública por virtud de que la controversia llegó al Tribunal Supremo. O sea, el cuestionamiento en torno a la aplicabilidad de la Ley contra la violencia doméstica tuvo que llegar hasta el foro de última instancia; tristemente hay que reconocer que se debe cuestionar seriamente el por qué un caso de esta índole tiene que subir tantos peldaños. ¿Le bastó a la parte agredida el Tribunal de Primera Instancia y luego el de Apelaciones? ¿Cuál es el deterioro emocional de la agredida al saber la noticia de la infructuosidad de los recursos que buscan defenderla ante los tribunales? No una, sino tres veces: ¿Cómo sostendrá su dignidad al decirle “Sra. X, lamento informarle que el TPI desestimó la acusación” y luego rematarle con “Sra. X, el Tribunal de apelaciones también entiende que no se puede acusar” y, como si fuera poco, ver su nombre publicado como un mero objeto de data jurídica en una Sentencia que le informa que no tiene remedio bajo la legislación contra la violencia doméstica?

Cónsono con lo anterior es el hecho de que la interpretación deshumanizada de la víctima ha llevado a etiquetarla en la esfera pública como la “adúltera”, “la otra” o “el caso del hombre que le dio a la chilla”. Este desarrollo de epítetos no surge por virtud de la conducta insignificante de la víctima, sino más bien por la necesidad enfermiza de observar bajo que sellito jurídico se le puede referir a la agredida.

Sin más, bajo un discurso que raya demasiado en la redundancia, la opinión de conformidad parece ser un análisis demasiado centrado en las técnicas de hermenéutica y en la limitación de la ley penal en todos sus ángulos, como si los estatutos que dan la protección ante los peligros sociales fuesen escritos maniatados.

En pausa queda la verdadera sensación de justicia ante un análisis tan centrado en el concepto de la “familia”. ¿Y la vida? ¿No es la Ley contra la violencia doméstica un estatuto que protege, en última instancia, la vida misma? ¿Por qué limitarlo a la familia? Valdría argumentar que la familia fue uno de los propósitos para la aprobación del estatuto, no la razón única e inequívoca del mismo.

A mi parecer, queda en el tintero el observar la ley contra la violencia doméstica como un estatuto que protege la vida, la sociedad, la esperanza de llevar a cabo un amor sin puños, sin bofetadas, sin gritería. Se queda pidiendo pon el hecho de que la versión original del estatuto se limitaba a los contextos familiares y fue el legislador quien expandió el abanico de posibilidades de aplicación cuando añadió la frase “o la persona con quien sostuviere o haya sostenido una relación consensual”. De esta forma, la Asamblea Legislativa extendió una protección no sólo a aquellas personas que estaban casadas o que convivían, sino a toda persona que fuese violentada dentro de una “relación consensual” o sea un vínculo consentido entre dos personas, aun no siendo este el matrimonial. No obstante, la pieza va más allá y protege a aquellas personas que son agredidas luego de la relación consensual o sea la víctima es resguardada tanto de la violencia presente como la de la futura. Sin duda, esta pieza es (o ahora “era”) de vanguardia.

La Curia va más allá de meramente negar la aplicación de un estatuto a unos hechos, sino que aprovecha para recordarle a todo el pueblo que a pesar de que la ley le aplica a los novios, no se le puede a extender a los “novios” (con comillas, sin dejar a un lado la metáfora posmoderna de las comillas como simulación de los cuernos).

Hoy el Tribunal Supremo ha ejecutado una función drástica para el país. No es el hecho de emitir una opinión justa y sonada en Derecho sino que lo trágico es el haber decidido simplemente no decidir.

Por una justicia más clara y accesible, por un país sin violencia, por menos muertes y agresiones, por un tribunal in comillas:

Respetuosamente solicito a este Tribunal que, en virtud del Artículo II, Sección 1 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el cual prescribe la inviolabilidad de la dignidad del ser humano, RECONSIDERE la determinación esbozada en la Sentencia del 24 de marzo de 2011, Pueblo v. Flores Flores, CC-2007-148.

sábado, 12 de marzo de 2011

Medidas Estéticas: Hacia la cultura de la condena y la inmisericordia

Esta semana emerge la noticia de que el Gobernador, Luis G. Fortuño, presentó un proyecto para un nuevo Código Penal sin considerar que hace sólo alrededor de 6 años se rindió uno de los mayores esfuerzos por atemperar el Derecho Penal en la Isla.


“Puerto Rico necesita un código que le dé garras al sistema de justicia, para sacar a los criminales de las calles y devolverle a nuestras comunidades la seguridad que tanto ansían”, dijo el primer mandatario. ¿Garras? ¿Es el sistema justicia el único que se dedica a procesar a los criminales? ¿Qué clase de animal es este que necesita más elementos de ataque? ¿Le pondrán colmillos con la próxima legislación?

Muchos lo aplaudirán aludiendo a un sinnúmero de razones y convicciones que sólo propenden a una justificación mental. Sin embargo, este podría ser el acto ejecutivo que probablemente haga más daño en todo este cuatrienio. Descaradamente, se avecina otra legislación “fast track”, de emergencia, apurada y sin sopesar lo delicado que se encuentra el estado de derecho en Puerto Rico.

Que la criminalidad es rampante. Que los asesinatos superan el número de otros años. Qué la impunidad es la orden del día. Etc., Etc., Etc.

Aseveraciones como las señaladas y otras tantas pueden surgir en estos tiempos de incertidumbre y crisis social. No obstante, es palmario que la radicación de un nuevo cuerpo legal es un ejercicio innecesario y, más aun, constituye una pérdida de dinero y tiempo.

I. Contextos: La reformulación del Derecho Penal en el 2004

La historia que nos ocupa podría decirse que comenzó con la Resolución del Senado 203 (R.S. 203) del primero de marzo del 2001. En aquella fecha el país contaba con un Código Penal que databa de 1974 y apenas salía de una de las políticas más destructoras de la historia puertorriqueña: La mano dura contra el crimen.

La Isla había estado sumida en una ola criminal que teñía de rojo las calles a la vez que trababa al pueblo con una hipnosis severa de que se estaba haciendo todo lo posible pero el crimen era demasiado vicioso para ser controlado por el Estado. Las tasas de escalamientos, agresiones, violencia doméstica, asesinatos y demás actos antijurídicos llegaron a sembrar terror en pueblos donde ni en décadas se había registrado un aumento del crimen.

La R.S. 203 organizó lo que en su momento fue una de las iniciativas más abarcadoras de la historia jurídica de los pasados 30 años. En esencia, ordenar a la Comisión de lo Jurídico en el Senado la revisión del Código de 1974, las leyes especiales y demás disposiciones penales con el fin de atemperarlo a las circunstancias sociales del Puerto Rico de aquel entonces.

Ambiciosamente se estudiaron más de una docena de jurisdicciones, leyes penales del extranjero, estudios sociológicos, estadísticas, tratados de Derecho y estudios sobre las proporciones de las penas. El producto de aquella iniciativa redundó en una serie de conclusiones que marcaron un logro en materia legislativa. Se encontró que en Puerto Rico las penas no se cumplían del todo, que había una disparidad anormal entre la conducta punible y las penas, así como una dura percepción del sujeto de derecho. En puridad, el Código Penal del 1974 enfatizaba en la peligrosidad de la persona, o sea, caía en el moralismo no positivista de antaño que trazaba una línea fina (pero brillante) entre la gente “buena” y la gente “mala”.

Estas consideraciones derrotaban las fibras más sensibles del concepto de la justicia, llevando a un nivel legal una percepción que propendía al discrimen y a la desigualdad. La gente mala nacía mala, pero sólo era casualidad el que fuesen engendrados y criados en los lugares más pobres y socialmente inestables de Puerto Rico. Además, aquel tipo de enfoque jurídico producía una anomalía procesal con la tan famosa “Felony Murder Rule”, relacionada intrínsecamente con el delito de asesinato. Esta normativa hacía responsable penalmente a una persona por aquella muerte que fuese producida por la cadena de actos que desató el sujeto. De esta forma, en la situación en que una persona asaltase un establecimiento, si la policía llegaba e intercambiaba disparos, hiriendo de vez al cajero, la culpa no era del agente que lisió al despachador sino que esta responsabilidad se le imputaba al delincuente. Esto simplemente era injusto, laceraba los principios equitativos de la administración de la justicia: la dignidad de todo ser humano, incluyendo la de aquellos que caían en el desvío de la criminalidad.

Con esto en mira, la legislatura optó por darle un vuelco a este abismo que sólo proyectaba la aplicación de penas desmedidas sin la consideración a la rehabilitación de la persona. A su vez, esta noción era como llover sobre mojado ya que los diversos mecanismos post convicción hacían que las penas no se cumplieran del todo. Curiosamente el Estado era responsable de capturar por un lado y soltar por el otro.

Así, el Código Penal del 2004 recogió la gesta de un estudio que buscaba definir con claridad que lo que se castiga son los hechos no la naturaleza de la persona. Además, elaboró un sistema de penas que fueron acordes a los actos prescritos en el cuerpo legal. En fin, se atemperó a una realidad y a un proyecto concreto de justicia social. Ciertamente hubo un respiro. Curiosamente la ola criminal sufrió un cambio.

II. Precisión legislativa vs. Elementos profilácticos

El llamado a una reforma del Código Penal peca de imprecisa en estos instantes. Ante una evidente falta de acción y un plan incompleto para contrarrestar la ola criminal, el remedio que se ofrece es solamente estético.

“Parece que muchas de las medidas van a ser cosméticas y pretenden dar la impresión al pueblo de que se está haciendo algo contra la criminalidad, pero se olvidan que esto se logra combatiendo las causas que la generan y no los códigos penales”, señaló Julio Fontanet en uno de los rotativos nacionales.

Además de lo expresado por el ex-presidente del Colegio de Abogados valdría puntualizar que la mayoría de los casos tienen faltas gravísimas en su aspecto procesal mas no en materia sustantiva, que es donde tiene su importancia el Código Penal. De esta forma nos topamos a diario con casos que se caen con los llamados “tecnicismos”. Harta ya ver a la gente pegar el grito por las absoluciones y los sobreseimientos en los procesos sin conocer que la mayoría de las faltas son producto de una malísima investigación inicial. En vez de atacar los problemas estructurales de los organismos investigativos del país, el gobierno opta por seguir practicando su política de miedo. El aumentar las penas sólo sirve como disuasivo sicológico, con esta enmienda se espera que la persona reconozca que por “x” delito tendrá una exorbitante cuantía de años de reclusión. Con un simple ejercicio silogístico la persona comienza a tener miedo de las consecuencias del acto pero, ¿es en realidad este tipo de persona el que delinca? ¿Qué pasa con la prevención? ¿Tan difícil es desarrollar una política pública que atienda este brote de coraje y rabia que inunda al pueblo?

Por otro lado, la mayoría de la actividad criminal no considera la pena hasta iniciado el procedimiento, sufragando de esta forma un sentimiento de impunidad que sólo se ve afectado cuando la cruda realidad de verse recluido aflora en su vida. Poquísimos andan evaluando cuánto le echarían de cárcel por “x” o “y” delito. Muchos otros se enfrentan a la cruda realidad de que para vivir en un país con una tasa de desempleo tan alta hace que el desvío se convierta en una opción económica. No obstante, este análisis no deja soslayado el hecho puramente político de que las propuestas alimentan bien la vista de los votantes al estos desarrollar un seudo-alivio al percatarse de que se suben los castigos. Se vive sin reconocer que pena y castigo no son sinónimos en nuestra estructura democrática. En esencia, se desarrolla este paternalismo que metaforiza a el gran padre, el Estado, dándole fuete a los que se portan mal. Mientras que, por otro lado, la actividad criminal opera ajena a esta noción porque “mientras no se me investigue adecuadamente, no se me procesará”. O sea, el Código Penal podrá decir lo que sea pero si no hay un mecanismo de implementación no sirve para nada.

Vale también recalcar que el entrenamiento que se le está dando a la policía es equivalente a un simple cursillo sobre el sistema judicial. La idea de llenar las calles de guardias es mucho más saludable a la imagen política que la buena preparación de la unidad que opera con el crimen en primera instancia. De esta forma el pueblo se topa con oficiales que no saben los elementos del procedimiento criminal, la recopilación de evidencia y muchas otras prácticas de crucial importancia para la elaboración de un caso completo. No me sorprendió el escuchar a uno de los cadetes de la policía en el 2010 (cuando fueron ordenados a realizar una cadena humana para cortar los suministros de víveres a los estudiantes en huelga) confesar que no le gustaba estudiar las materias de investigación forense y que adoraba que los exámenes fuesen “take home” porque así le pagaba a abogados para que los contestarán.

¿De qué vale entonces tener tanto policía? ¿Qué se pierde con imponer unos estándares decentes de investigación? Sin embargo, hay hambre de más: más guardias, más armas, más equipo, más gente presa. Al final del día, pocos se preguntan ¿y qué?

A los efectos, se sustituye la conciencia de justicia por un voyerismo profano hacia el castigo del otro, es entonces que el derecho penal se utiliza para meter mucha gente a la cárcel sin importar si son verdaderamente los responsables del delito. Llena los ojos el percatarse de que ahora si una persona comete el delito de asesinato múltiples veces, recibirá 99 años por el delito y este se sumará otros 99 más por cada otra víctima. Esta medida sería excelente si todos tuviésemos la longevidad de Matusalén. ¿De qué sirve todo esto entonces? ¿No es lo mismo que se establezca una pena 99 años sino de 297? ¿Por qué se aplica este tipo de medidas? Pues, porque da gusto, porque siempre necesitamos un sujeto que sufra el castigo, porque las cosas deben ser como los establecimientos de comida rápida, con combo agrandado. Se vuelve a pecar de lo mismo, las gríngolas impiden entender que vale más la prevención que la reclusión.

En vez de tratar los problemas desde la raíz nos topamos con que desvisten un santo para vestir otro. Los casos seguirán anulándose, los policías seguirán tratando de admitir más gente a sus filas en vez de reclamar mejores cursos, mejores adiestramientos (incluyendo el adentrarse en materias como sicología, sociología, terapia, artes, manejo de riesgos y prevención) y mejores programas de desarrollo personal.

Un nuevo Código Penal es sólo una apuesta política a las gradas. Un ejercicio de la plétora partidista. Si por un instante se pensara en mejorar la condición social del pueblo en vez de ganar la campanita política, esto hace años hubiese mejorado. Pero no, vamos a darle una invitación a todo el mundo para que apueste a la mediocridad, a la cultura paternalista y céntrica del castigo, la condena y la inmisericordia. Legislar se ha vuelto un ejercicio sobre las impresiones, lo estético, lo burlesco, pero en fin, para eso estamos, para darnos golpes de pecho, lucirnos y posar.

miércoles, 9 de marzo de 2011

Sección de Crítica de Libros: El mercader de libros de Francisco García Moreno

(foto tomada de universia.pr)

El mercader de libros

Francisco García Moreno
Editorial Preámbulo
130 páginas

Luego de un periodo de escritura largo y silencioso, Francisco García Moreno desata un verbo mesurado y sutil en su más reciente publicación, El mercader de libros. Esta colección está comprendida por 19 relatos que exploran la construcción tradicional del cuento hispanoamericano.

El autor es nada más y nada menos que el Dr. Francisco García Moreno, nacido en España, catedrático del Departamento de Estudios Hispánicos en el Recinto Universitario de Mayagüez, y quien por años ha impartido el curso de redacción narrativa.

El mercader de libros abre con un el cuento que bautiza al texto. Este relato trabaja logradamente el misterioso concepto de la noción viajera de la literatura. García Moreno desarrolla al mercader como un personaje espiado por la voz narrativa el cual carga con un baúl que curiosamente aparenta dar vida a la literatura. Son muchas las referencias al Quijote así como la elaboración de la ficción a un nivel sicológico, siguiendo la pauta borgiana. Esta pieza sienta las bases para lo que se observará en el resto de los relatos, o sea, un manejo cordial de la palabra, sin mucho rebuscamiento pero con la intensidad necesaria, figuras que reflejan a otros grandes relatos hispanoamericanos y personajes que evocan la simpatía atípica.

Por otro lado, El mercader de libros, desata narraciones de temática novel. Bajo esta noción se observa el cuento “Los oficios necesarios”, en donde lo principal es el refranero castellano, muy utilizado en la cultura española y la puertorriqueña. Otro ejemplar moderno y sicológico se encuentra en el relato “Las escaleras mecánicas” una apuesta a los cineófilos.

Sin negar una tradición netamente ibérica, el autor trabaja cuentos que lucen el corte extremeño, así se presenta por ejemplo el cuento “En la calle Excusá vive Farruco” donde lo morisco se representa con sensualidad e intriga. Otra pieza similar lo es la narración nominada “Carta súplica del reo de muerte Alfonso de Alyseda a Su Majestad Imperial don Felipe Segundo en donde se narra cuyo fue y de sus fortunas y adversidades hasta acabar en las prisiones del Santo Oficio de la ciudad de Llerena” en donde se explora el relato histórico, valiéndose tanto del lenguaje y la forma. No concluiríamos bien esta agrupación sin mencionar el cuento titulado “Le llamaron Francisco de Asís”, relato autobiográfico que presenta una niñez española un tanto perturbadora y llena de elementos morbosos.

Además, García Moreno trabaja muy bien el realismo mágico en el cuento “A todos nos ha crecido alguna vez un árbol en las manos”, el cual el título habla por sí solo. Se une a esto el relato “Amor de maceta” el cual de forma inverosímil y hasta absurda vuelve a tocar el tema de las plantas.

El mercader de libros es un texto que gusta por su buen manejo del lenguaje, sus excelentes ilustraciones y fotografías, y también por su construcción un tanto lúdica por la impresión en forma de “landscape”. Por su contenido al estilo de Cortázar, su sensación de narración al estilo hispanoamericano y su rica variedad lingüística, se lo recomiendo a los amantes de la narrativa corta. Este libro, sin duda alguna, se sitúa entre las mejores colecciones del 2011.

jueves, 3 de marzo de 2011

Problemitas, problemitas, problemitas…

(Tomado de grockit.com)

Hablar de la UPR ahora es “cool”. Es una manera de demostrarle a los demás que tu puedes hablar de lo que está “in”. Por obra de los medios, seguramente lo que diga cualquier persona recobrará algo de interés no porque sea correcto, interesante o acertado, sino porque meramente es de la UPR y hay que problematizarla hasta que nos emborrachemos de suposiciones y preguntas. Y no se tome a mal, hay que hablar, hay que discutir, hay que escribir; no obstante, no se puede hacer por el mero hecho de hacer, hay que tomar postura y abalanzarse con esmero hacia una solución lógica y retórica, no sólo discursiva o estética.


Esta semana afloró en uno de los rotativos nacionales una columna titulada “La UPR es el problema”. Como la canción de Ricardo Arjona, trillada hasta la saciedad, el problema parece ser la inhabilidad de identificar el problema. O mejor dicho, la cuestión es el tratar de desenfocar las controversias actuales y querer darles esa significación puertorriquenísima de que nuestro presente es culpa de un pasado que se asemeja al relevo de batuta (la cansada doctrina de que somos vagos porque los taínos eran vagos etc., etc.).

Al hacer lectura de esta columna nos topamos inevitablemente con dos elementos: el distanciamiento y la antítesis. El artículo comienza con una separación del sujeto y el problema mediante el “se” pasivo e impersonal. “Se continúa arguyendo…”; “Se alega…”; “Se piensa…”; “Se cree…” etc., etc., etc. Queda claro, ab initio, que el autor no tiene nada que ver con el asunto (que tampoco tiene interés en intervenir constructivamente al mismo) y que disfruta de la visión del tercero enajenado en la torre de marfil. Así, poco a poco esboza que el problema universitario se va transformando en una cuestión de “gubernamentalidad puertorriqueña” (el issue generalizado de todas las controversias sociales de P.R.).

En el caso de las antítesis, el artículo apunta que el argumento del conflicto versa sobre el financiamiento y, más aun, el regresar al “financiamiento público de antaño”. ¿Qué rayos es eso del “financiamiento público de antaño”? ¡Sabrá Dios! ¿Cuál es el nuevo financiamiento entonces? No conozco otro mecanismo de fisco para la UPR que no sea el que tenía constituido por ley desde los momentos de su creación.

El artículo retoma el camino de lo que “se arguye” y denota que el problema universitario proviene de la política económica y fiscal que ha ido mermando el Fondo General del Estado Libre Asociado. No podemos dudar que esta perspectiva sea acertada por cuanto ese ha sido el modus operandi del gobierno de Puerto Rico en los últimos dos años: recorta aquí, quita allá, disloca acá. Sin embargo, ¿dónde es que este artículo desenfoca la problemática con la UPR?

El autor señala que la cuestión universitaria se ha atendido con un discurso anacrónico y “sin contenido alguno” por parte de los propios actores del conflicto. E aquí la barranca de la confusión. O sea, ¿la lucha por una educación de primera a un costo módico con la cual el Estado fomentaría la salida del estancamiento del sector menos privilegiado del país es un discurso vetusto e inservible? Partir de una premisa tan simplista como la expuesta en la columna arrojaría que los universitarios- que viven en carne propia el problema de su institución- no tienen la herramienta discursiva adecuada para trabajar con la presente crisis. Pensar así muestra una falta de interés y conocimiento sobre el asunto que, más allá de la ignorancia, raya en la morbosidad. Este tipo de paternalismo disfrazado de análisis financiero produce ecuaciones como: los maestros no tienen el discurso para atender los problemas magisteriales, los pescadores no tienen el enfoque adecuado para lidiar con los problemas de la pesca, y así sucesivamente, alabando la intervención de terceros, corrigiendo como el buen padre de familia, mentando la soga en la casa del ahorcado.

Este tipo de retórica, más que acunarse con los pronunciamientos gubernamentales de turno, prostituyen lo que todo ciudadano debería hacer: El aportar a la discusión para solucionar el conflicto de una de las instituciones más antiguas y más beneficiosas para Puerto Rico. El abordar el asunto según los fundamentos del artículo de marras es darle la razón a los dictámenes puramente políticos que llenan a la Junta de Síndicos de administradores comerciales carentes de una lógica académica, es ratificar los sellos de goma politiqueros que asumen puestos con el fin de dragar el fisco universitario, en fin, llevaría a la ruina total de la UPR.

Además: ¿Cómo es posible que se pretenda indicar que el problema de la Universidad de Puerto Rico ha sido su desligamiento con el país? Darle un espaldarazo a esta propuesta sería el pecar con lo que el propio artículo critica, lo anacrónico y lo irreal.

La Universidad de Puerto Rico es una de las entidades de mayor participación ciudadana en comparación con otras instituciones estatales en otros países. Es parte de nuestra cultura el aceptar que hay algo más allá de la escuela superior. Contrario a Australia o al propio EE.UU. (la referencia por excelencia según algunos), los jóvenes puertorriqueños optan mayormente por proseguir estudios con el fin de desarrollarse económicamente, social e incluso familiar. En las conexiones sanguíneas, de afinidad o amistad siempre nos toparemos con alguien que haya decidido estudiar luego de su cuarto año, y más aun, que haya tomado la decisión de estudiar en la UPR.

¿Cómo tapar el sol con un dedo? P.R. es una esmeralda de 100 x 35 en medio del Caribe, con 11 recintos distribuidos en su mapa: Aunque sea para ir a un pub, hay una interacción con gente enlazada a la UPR. Esto sin dejar a un lado el hecho de que hay un grupo de ciudadanos que trabaja en la UPR y que benefician a sus dependientes, o sea que la UPR llega a tocar incluso a aquellos que ni siquiera se proyectan a pertenecer a ella. Quien haya leído un libro de Mayra Santos Febres o de Luis Rafael Sánchez, interactúa, en parte, con la UPR. Lo mismo sucede al escuchar las opiniones radiales de José Alameda, Inés Quiles e incluso del Prof. Carlos Díaz Olivo. Hay una vinculación con la universidad, negarlo es ignorar la realidad.

(Tomado de jungnewyork.com)

Por otro lado, el acusar a la institución de ser una fábrica de personas enfiladas a una sociedad de consumo bajo el manto de Jaime Benítez a la vez que se habla de un supuesto enajenamiento con la naturaleza del país es otra contradicción. Hacer ese tipo de apuestas es dejar a un lado la labor de maestros, enfermeras y otros servidores públicos que mediante una educación de primer orden se dieron a la tarea de trabajar con una sociedad enfrascada en la miseria en tiempos pasados. Primordialmente, esa pobreza vino acentuada por el yugo económico de la metrópolis española y luego la americana. Es más, la primera se caracterizó por su constante negativa de dar una universidad a la Isla con el fin de mejorar su condición económica y social. En puridad, el análisis del artículo peca al creer que la historia puertorriqueña comenzó en el 1952.

Lo anterior se une al concepto de la Universidad como centro de hipnosis política sumada a una cultura consumista y occidentalizada. No se cómo estas palabras caben en una misma oración sin tropezar entre sí. No obstante, reenfoco en el hecho de que esta aseveración no representa la realidad de la historia universitaria. Veamos.

La UPR siempre ha sido un centro de cuestionamiento político, de problematización y crítica social. No existe tal cosa como un ser civilizado y obediente (colonial, que se sabe la Ley Foraker, la Jones y la 600 al dedillo) que se pare de frente a los estudiantes que desde la corriente del pensar comenzaron uno de los procesos de resistencia más significativos de la historia de Puerto Rico. Tampoco es pertinente el calificar de occidental a una educación que cada vez experimenta una inclinación más profunda hacia lo puertorriqueño en su contexto antillano. Esto es pretender sustituir la realidad, la historia, la materialidad de la universidad e incluso del pueblo. Seguir este tipo de discurso sólo propende a que caigamos en la carnada dudosa de sustituir las propias fibras sociales e históricas por la opinión del autor. Esto sin duda es irrespetuoso.

Certificar que “la educación universitaria estimuló la obediencia como credencial de ciudadanía y la productividad (vía el individualismo y la competencia) como propulsor de “bienestar”, debilitándose la solidaridad social y las capacidad colectivas del puertorriqueño” es cometer uno de los atentados más torcidos en el presente debate universitario. Esto se suma a la dislocada noción de que la universidad contribuyó a que le quitaran al jíbaro su felicidad pueblerina. Dudo mucho que hubiese una intención capitalista en la mente de Don Enrique Laguerre cuando, recién graduado de la UPR, regresó a su humilde pueblo a impartir clases en una comunidad que sufría por la carencia de una educación adecuada. Como lo atestigua el pasado ejemplo y cientos de otros más, el ceder ante una opinión trillada que busca deconstruir la visión de una institución que por años ha redefinido los parámetros del pensar borincano es caer en la política barata. Aceptar las aseveraciones del artículo sería una afrenta a la sinceridad.

Más aun, el autor indica que la UPR fue la que nos educó para administrar nuestra pobreza. Nos topamos entonces con el fenómeno de la sustitución, del reenfoque y la desviación. El artículo le echa la culpa a la UPR de lo que el propio gobierno ha fomentado, más aun, lo que la propia cultura del consumismo y la política del mantengo han entronizado.

A modo de conclusión, se pregunta cuánto más tendrá la ciudadanía que escuchar la retórica de la falta de fondos y cuándo se propondrá algo diferente para fortalecer la autonomía política y las capacidades de los ciudadanos.

Las contestaciones son sencillas: El discurso de falta de fondos no cesará porque es una realidad-agravada en parte por la Ley 7- y, en segundo lugar, los universitarios si han hecho propuestas que buscan la autonomía política y la capacidad ciudadana. Si a estas alturas un artículo como el que discutimos hace este tipo de preguntas es porque está tan alejado de la sociedad, tan ensimismado y separado de la realidad (incluso la realidad histórica) que su único propósito es plasmar un sentimiento abyecto hacia la UPR y el País. ¿Vergonzoso no creen?